La constitución es el documento que establece derechos y deberes, normas de convivencia, viabilidad en la solución de problemas y la manera cómo el gobierno debe desempeñar su función. Al mismo tiempo, un documento de esta naturaleza no está exento de cambios para ajustarse a la dinámica actual: más de 400 enmiendas ha sufrido la Carta Magna de 1917, irreconocible para quienes originalmente la redactaron.
Para estar a tono con los tiempos, el presidente Felipe Calderón ha sugerido una serie de reformas sin duda importantes: que la elección a presidente de la República se resuelva en una segunda vuelta en caso de que en la primera ningún candidato obtenga más de la mitad de los sufragios, la reducción de diputados y senadores, incorporar las candidaturas independientes, aumentar el mínimo de votos para que un partido conserve su registro, la reelección de presidentes municipales, entre otras cosas. Desde la academia y la sociedad también se plantean cosas como la revocación de mandato, quitarle a los partidos políticos la toma de decisiones sobre instituciones autónomas, el referéndum y el plebiscito. El paquete del mandatario pretende resolver en lo inmediato el problema de representatividad. Sin embargo, para que estas iniciativas lleguen a plasmarse en la carta magna, deben ser resultado de un serio y profundo debate de lo que queremos como país dado los grandes cambios políticos y sociales en el último cuarto de siglo y no un maquillaje a propósito de los festejos por el bicentenario.
En diversas ocasiones se ha planteado promulgar una nueva Constitución, que responda a los signos de los tiempos y que no sea resultado de una cruenta revolución, nos inclinamos por una reforma de fondo y de forma que debe surgir de un claro y decisivo acuerdo en el seno de las fuerzas que representan la voluntad de la mayoría, además contar con un proyecto coherente de país, desafortunadamente nadie lo tiene, estamos en una situación pantanosa en la cual, intereses del pasado y el presente, se entretejen para frenar el cambio y conservar los privilegios vigentes. Ojalá tengamos una Carta Magna más sencilla e incluyente que garantice realmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, que sea viva y no letra muerta el espíritu de las leyes, mucho menos un catálogo de buenas intenciones.
Postre
En el ejercicio de cualquier profesión, ya sea en la función pública (gobierno) o en la iniciativa privada (empresa o industria), es legítimo el deseo de prosperar económica y profesionalmente. Sin embargo, nadie escapa a las tentaciones de “hacer carrera” y “afán de poder” con el propósito de trabajar para uno mismo y no para servir. Ni los sacerdotes, obispos y cardenales que tienen una responsabilidad en puestos de gobierno de la Iglesia Católica o en los movimientos de pastoral son inmunes, lo admitió el Papa Benedicto XVI en la última audiencia general de los miércoles. “No buscamos poder, prestigio, estima para nosotros mismos.” Seguramente debe ser difícil lidiar con esa tentación, puesto que el sacerdocio es un ministerio que precisamente exige servir a la comunidad y no ser servido o servirse de los demás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario