A Tere y Alberta

Un refrán que solemos expresar cada vez que el clamor propio o ajeno es tardíamente escuchado, es: ¡Hasta que la revolución te hizo justicia! Lo mismo expresaron la semana pasada Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, “vamos contentas de que por fin se hizo justicia”, indígenas otomíes que fueron liberadas tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia que no las encontró culpables de los delitos que les fabricaron, secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y posesión de droga en agosto de 2006.

Sin duda alguna es una victoria que se adjudicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro quien litigó a favor de ellas, un triunfo de los miles de activistas que hicieron eco de esa injusticia, un éxito del recién electo gobernador de Querétaro el priísta José Calzada Rovirosa que tuvo el valor de exigir justicia para sus paisanas, un laurel para la ministra Olga Cordero que obró con sentido común y apego a las leyes.

Tere y Alberta exigen que sus acusadores pidan disculpas públicas, es posible que con eso queden conformes, pero no basta con que las autoridades, como siempre, salgan apenados a decirnos “disculpe usted, fue una equivocación” y todos contentos a su casa o aquí no pasó nada. ¡Por favor! Para que se haga justicia por completo los denunciantes deben reparar el daño y en el mejor de los casos ser castigados administrativamente o penalmente. Esa debería ser la norma, pero como en nuestro país tenemos un formidable sistema de impartición de justicia, dudo mucho que eso suceda. Dejemos de tolerar estas prácticas abusivas e impunes.

En Tere y Alberta hay un gran regocijo de que la revolución les hizo justicia y al mismo tiempo un gran temor de que sus acusadores quieran vengarse. “Sí tenemos ese miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos a la luz pública siempre iba a seguir pasando lo mismo, no nada más con nosotras, sino con toda esa gente que es humilde, gente indígena como nosotras”, opinó Teresa González.

Ojalá y este caso de impartición de justicia deje de ser uno de tantos expedientes aislados o excepciones, la ley y el orden debe ser para todos no solo para los que pueden pagar abogados, fianzas e influencias, también para los que no tienen quien los defienda de oficio y los que no hablan español. Cabe señalar que de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en México hay unos ocho mil indígenas encarcelados, cuyos procesos presentan diversas irregularidades.